Aunque soy lego en la materia,
pienso como muchos de mis conciudadanos que a la justicia de nuestro país hay
que meterle mano, ¡pero ya! Y aunque hablan de reformas urgentes, de equilibrio
de poderes, comisiones de aforados, ‘supercortes’ y demás perendengues, lo
cierto es que los colombianos vemos a diario ejemplos de una justicia ineficaz
y amañada. Con el agravante que la mayor podredumbre está en el gajo de arriba,
donde los magistrados de las altas cortes dan mucho de qué hablar.
Sin duda el peor pecado de la
justicia es que sus mayores representantes son nombrados por el Congreso, hecho
que se presta para que éstos sean ‘manguianchos’ al momento de juzgar a quienes
los eligieron; entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces quien aspire a
formar parte de una alta corte no requiere ser reconocido como ciudadano
ejemplar, ni presentar una hoja de vida inmaculada, sino que le basta con hacer
lobby político para conseguir el apoyo necesario que le asegure la coloca.
Preocupa saber que en nuestro medio
la meritocracia no tiene cabida y que si así funcionan las cosas en las altas
esferas, qué podemos esperar del juez raso que despacha en un juzgado municipal;
lo injusto es que en todos los niveles de la justicia hay funcionarios honestos
y comprometidos, pero están estigmatizados por una mala fama que ya hizo
carrera. En todo caso más allá del elemento humano, nuestro código penal genera
unos dictámenes que muchas veces nos dejan estupefactos y definitivamente
enfurecidos.
Con esta modita que cogieron ahora
los noticieros de televisión de presentar videos donde quedan registrados
robos, asesinatos, asaltos y demás delitos, modalidad repudiada por muchos
televidentes, no dejan de ser efectivos para que las autoridades adquieran
pistas que pueden agilizar las investigaciones.
El caso es que así nos enteramos,
por ejemplo, de una pandilla de habitantes de la calle que en un sector de
Bogotá aprovechan que un vehículo cualquiera está detenido en la congestión,
para arrancarle espejos, plumillas, biseles, copas, etc., mientras el conductor
y demás ocupantes miran indefensos la agresión. Luego salen caminado como si
tal cosa y si alguien osa perseguirlos, lo amenazan con lanzarle bolsas llenas
de excremento humano. Tras un seguimiento de varias semanas y recopilar todas
las pruebas, registradas en los videos, por fin la policía detiene a los
implicados y los presenta ante las cámaras de televisión. Los ciudadanos de bien
celebramos el hecho, pero cuál sería nuestra frustración al enterarnos de que
un juez dejó en libertad a esos apaches, dizque porque no representan un
peligro para la sociedad. ¡Háganme el favor!
En Cali registran las cámaras de
seguridad a una banda de travestis que todas las noches, en la misma cuadra,
atracan a los transeúntes y les quitan celulares, dinero, joyas y demás objetos
de valor, y quien se resista es agredido con navajas. Cuando ya la policía los
tiene identificados y sabe dónde guardan el botín, proceden a detenerlos. Pues
los desadaptados alegan que son comunidad protegida y que como mujeres solo pueden
ser requisadas por una mujer policía. Hasta ahí llegó el impulso porque no
había personal femenino de la institución a la mano y por lo tanto tuvieron que
soltar a semejantes delincuentes.
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